Fecha: 1992 – 94
Equipo:
Director: David Kullock
Investigadoras:
Andrea Catenazzi
Claudia Guzzo
Institución que acreditó y financió:
Universidad de Buenos Aires
Presentación de la investigación:
La investigación desarrollada se centró en la Operatoria FONAVI y el plazo de consideración, fue desde el año 1977, en que se puso en marcha dicha Operatoria, hasta el año 1992, dado el punto de inflexión que implicaron los Decretos 690 y 691 que pretendieron reorientarla.
La política del FONAVI se caracterizó por estar diseñada desde el sector público como una política ofertista, que pretendió la legitimación del régimen militar que la puso en marcha; pero, a su vez, ejemplifica el desplazamiento desde una alta y amplia propuesta de intervención (los conjuntos habitacionales como extensiones urbanas) hasta una intervención focalizada en el sistema de «lotes con servicios».
Finalmente, a pesar de los montos invertidos en el FONAVI, no hubo mejoras sustanciales en la situación habitacional. El objetivo de ganarle al déficit se convirtió en una meta inalcanzable.
El aumento de las situaciones deficitarias motivó una disminución de las expectativas en la población de bajos recursos. El acceso a la vivienda digna financiada por el Estado fue quedando fuera de lo previsible para ellos.
La Operatoria declamó el derecho a la vivienda digna; pero fue un derecho que no se concretó en realidades; un derecho vacío de contenido o inalcanzable. Esto tendió a confundir los objetivos de la Operatoria con el derecho consagrado y, como los objetivos no se cumplieron, fue como si el derecho a la vivienda se esfumara.
En su lugar se reiteraron alternativas o se buscaron nuevas soluciones caracterizadas por su ilegalidad y por su baja calidad. Tal es el caso de los asentamientos en terrenos ajenos y la intrusión de casas y edificios abandonados o inconclusos.
A su vez, el contexto caracterizado por las políticas neoliberales y de reducción del Estado, por una parte, y por procesos inflacionarios y de escasez de recursos fiscales, por la otra, dio por resultado una estrategia de reprivatización, por el cual el Estado deja parte significativa de su participación en la resolución de la cuestión habitacional a los sectores privados y a los propios afectados.